La actualización eléctrica realizada para acomodar el creciente consumo energético de centros de datos de inteligencia artificial (IA) ha provocado una controversia en Maryland. La Oficina del Consejero del Pueblo de Maryland (OPC), encargada de defender a los consumidores de servicios públicos, ha presentado una queja ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) para denunciar que los habitantes del estado deberán asumir una factura adicional de 2.000 millones de dólares por estas mejoras en la red eléctrica.
Este importe corresponde a una parte de los 22.000 millones invertidos por PJM Interconnection, LLC, la mayor empresa de transmisión eléctrica en Estados Unidos, que opera en 13 estados y Washington D.C. La disputa radica en que esta cantidad sería cargada a los consumidores de Maryland, pese a que las inversiones tienen como objetivo soportar la demanda de centros de datos de IA localizados en otros estados.
Reparto desigual de costes en la actualización eléctrica
Según la OPC, los 2.000 millones que se pretende repercutir a Maryland supondrán un coste extra aproximado de 823 millones para clientes residenciales, 146 millones para comerciales y 629 millones para industriales durante la próxima década. Traducido a nivel individual, cada usuario residencial podría afrontar un gasto adicional cercano a los 345 dólares solo por estas mejoras.
David S. Lapp, Consejero del Pueblo de Maryland, ha manifestado que «las reglas actuales de asignación de costes de PJM están rotas» y que los residentes del estado no originaron la necesidad de estas infraestructuras, ni se beneficiarán directamente de ellas.
Contexto y alcance de la problemática en centros de datos IA
PJM Interconnection cubre áreas con alta concentración de centros de datos, como Virginia, Ohio, Pensilvania e Illinois, donde la demanda energética impulsada por proyectos de IA es mucho mayor que en Maryland. A pesar de ello, la metodología para distribuir los costes asignados recarga en exceso a los consumidores de Maryland, que según la OPC, estarían financiando infraestructuras para proyectos ubicados principalmente fuera del estado.
La oficina estatal argumenta que el gasto en actualización debería asignarse directamente a las regiones beneficiadas o, como prometieron las empresas mediante el «compromiso de protección al consumidor» impulsado en su día por Donald Trump, ser sufragado por las compañías tecnológicas responsables del incremento en consumo eléctrico.
Este caso pone en evidencia la incertidumbre existente sobre la previsión de crecimiento de carga eléctrica vinculada a la demanda de centros de datos IA. La OPC alerta que los proveedores de servicios eléctricos obtienen beneficios de estas inversiones incluso si la demanda esperada no llega a materializarse, trasladando los costes a los usuarios domésticos y comerciales.
Resistencia social y limitaciones regulatorias ante los centros de datos IA
El elevado consumo energético de los centros de datos, especialmente los dedicados a inteligencia artificial, ha generado rechazo en numerosas comunidades. Actualmente, al menos 69 jurisdicciones han impuesto moratorias o restricciones a la construcción de estas instalaciones. Encuestas reflejan que casi la mitad de los estadounidenses no desean que se instalen centros de datos en sus vecindarios, debido al impacto en calidad de vida, consumo de recursos y la presión sobre las infraestructuras locales.
Las protestas por estas construcciones han llegado incluso a situaciones tensas, con incidentes violentos, aunque sin víctimas. Este contexto pone de manifiesto el desafío que supone compatibilizar la expansión tecnológica con las expectativas y necesidades de quienes habitan las zonas afectadas.
El debate en Maryland invita a reflexionar sobre cómo se debe gestionar la financiación de infraestructuras eléctricas vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial, buscando un equilibrio que garantice justicia financiera y sostenibilidad.
