Cloudflare ha roto su silencio en plena batalla legal con LaLiga y Telefónica por los bloqueos de páginas vinculadas a la retransmisión ilegal de fútbol. La compañía estadounidense niega haber incumplido una orden judicial y acusa a LaLiga de abusar del sistema con una querella que, según sostiene, está “abocada al fracaso”.
El conflicto, que lleva meses afectando a parte de la infraestructura de Internet en España, ha escalado hasta el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid. Allí se tramita la querella presentada por LaLiga y Telefónica contra Cloudflare y su consejero delegado, Matthew Prince, por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia.
Una guerra que va más allá del fútbol pirata
El enfrentamiento tiene su origen en la lucha contra las webs que emiten partidos sin autorización, como Roja Directa o Pirlo TV. LaLiga lleva tiempo defendiendo un sistema de bloqueos rápidos durante las jornadas de fútbol, con el objetivo de cortar el acceso a servidores que facilitan la emisión ilegal de encuentros.
El problema es que muchas de esas direcciones IP están asociadas a servicios de Cloudflare, una compañía que actúa como red de distribución de contenidos y proveedor de seguridad para millones de webs. Esto provoca que, al bloquear una IP, puedan verse afectadas también páginas legítimas que comparten infraestructura.
Durante el último año, esta situación ha generado quejas de usuarios, empresas y administradores web, que han denunciado caídas o interrupciones en servicios que no tenían relación con la piratería audiovisual. Para Cloudflare, ese es precisamente el punto central del debate: perseguir contenidos ilegales no puede justificar bloqueos amplios que afecten a partes enteras de Internet.
LaLiga acusa a Cloudflare de proteger a los infractores
LaLiga, por su parte, sostiene que Cloudflare facilita la actividad de webs piratas al ocultar la IP real de los servidores que emiten contenido protegido. Según la patronal del fútbol, la compañía no estaría colaborando lo suficiente para cortar el acceso a esas páginas cuando recibe notificaciones.
El tono entre ambas partes ha sido cada vez más duro. Javier Tebas, presidente de LaLiga, llegó a llamar a Matthew Prince “narco Maduro de Internet” en X, después de que el CEO de Cloudflare calificara los bloqueos como “repugnantes”. Prince también advirtió de los riesgos de actuar contra direcciones IP compartidas, recordando que algunas pueden dar servicio a sistemas críticos.
La escalada no se ha quedado en redes sociales. El juzgado madrileño citó a declarar al directivo de Cloudflare y posteriormente remitió una nueva citación a través de la justicia estadounidense tras su incomparecencia. Además, se ha ordenado a la compañía bloquear el acceso desde su red a varios dominios relacionados con retransmisiones ilegales de fútbol.
Cloudflare niega haber desobedecido al juez
Hasta ahora, Cloudflare había mantenido un perfil bajo sobre este procedimiento concreto. Sin embargo, la compañía ha publicado una declaración oficial en la que acusa a las informaciones recientes de contener “numerosas imprecisiones”.
La empresa niega de forma tajante que su CEO haya incumplido una orden judicial. También defiende que dará las explicaciones oportunas ante los tribunales, no en los medios, y recuerda que respeta la confidencialidad del proceso legal.
La frase más contundente de su comunicado resume bien su posición: “La interposición de una querella instrumental por parte de LaLiga constituye un abuso del sistema y está abocada al fracaso”.
Cloudflare insiste en que seguirá defendiendo su postura frente al “bloqueo irresponsable de amplios sectores de Internet” por parte de LaLiga. Es decir, no discute que exista piratería ni niega que haya que combatirla, pero rechaza que la respuesta sea bloquear infraestructura compartida con posibles daños colaterales.
El fondo del debate: quién puede bloquear Internet y con qué límites
El caso plantea una cuestión delicada. Por un lado, LaLiga y Telefónica tienen derecho a proteger sus contenidos y combatir la retransmisión ilegal de partidos. La piratería audiovisual mueve mucho dinero y afecta directamente al valor de los derechos deportivos.
Por otro, el bloqueo de IPs compartidas puede convertirse en una herramienta demasiado imprecisa. Cuando una misma dirección da servicio a varias webs, cortar el acceso para perseguir una emisión ilegal puede arrastrar a negocios, medios, tiendas online o servicios que no tienen nada que ver con el fútbol.
Ahí es donde el conflicto deja de ser una simple disputa entre empresas. Lo que está en juego es el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la estabilidad de Internet como infraestructura abierta.
Un pulso con consecuencias para toda la red
La posición de Cloudflare es especialmente relevante porque no es una empresa menor. Su red forma parte de la estructura invisible que mantiene online a una parte considerable de la web. Si los tribunales españoles consiguen imponerle bloqueos directos sobre dominios o servicios concretos, el precedente podría tener consecuencias más amplias.
También podría reforzar a LaLiga en su estrategia contra la piratería, que cada vez se apoya más en medidas técnicas inmediatas durante los partidos. Sin embargo, si Cloudflare logra demostrar que los bloqueos son desproporcionados o técnicamente dañinos, el sistema actual podría quedar en entredicho.
De momento, el choque sigue abierto. LaLiga mantiene que Cloudflare no colabora lo suficiente contra las emisiones ilegales. Cloudflare responde que no se puede combatir la piratería poniendo en riesgo servicios legítimos. Y entre ambas posiciones queda una pregunta cada vez más difícil de esquivar: hasta dónde puede llegar una entidad privada para proteger sus derechos sin afectar al resto de Internet.
