El estado de Utah ha entrado en vigor con una normativa que convierte a los sitios web en responsables legales cuando los usuarios ocultan su ubicación mediante redes privadas virtuales (VPN) para eludir controles de edad. Esta ley, conocida formalmente como las Enmiendas a la Verificación de Edad en Línea de Utah o Senate Bill 73, aborda una cuestión relevante en la regulación digital y la protección de menores.
Firmada por el gobernador Spencer Cox el 19 de marzo y vigente desde el 6 de mayo, esta ley se sitúa como pionera en Estados Unidos. Establece que, para efectos legales, un usuario estará accediendo a un sitio web desde Utah si se encuentra físicamente en ese estado, independientemente de si emplea una VPN o proxy para enmascarar su dirección IP. De esta forma, busca evitar que eludir protecciones legales mediante este tipo de tecnología se convierta en una práctica común.
Responsabilidad directa para los sitios web y sus limitaciones
La normativa impone que los sitios web que entran dentro del alcance del reglamento no solo respondan por verificar la edad conforme a la ubicación real del usuario, sino también que no puedan ofrecer instrucciones ni métodos para eludir dichos controles mediante VPN. Sin embargo, esta postura ha recibido críticas apuntando a sus limitaciones técnicas y legales.
NordVPN ha calificado la ley como un “paradigma irresoluble de cumplimiento” y una “trampa de responsabilidad”. La empresa alega que es prácticamente imposible para los sitios web identificar con certeza a usuarios que emplean herramientas diseñadas para ocultar precisamente esta información.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) también ha alertado que la ley podría conducir a que muchos portales opten por bloquear cualquier IP asociada a VPN o, en su defecto, implementar procesos de verificación de edad para todos los visitantes sin importar su ubicación, lo que supone una erosión significativa en la privacidad y usabilidad.
Dificultades técnicas para detectar VPN y proteger la privacidad
La ley parte de la suposición de que los proveedores web pueden detectar tráfico VPN y la ubicación física real del usuario, pero en la práctica esta tarea es compleja. Herramientas como bases de datos de reputación IP (por ejemplo, MaxMind o IP2Proxy) pueden identificar rangos IP de centros de datos, pero no logran detectar direcciones dinámicas ni puntos finales residenciales usados por VPN comerciales.
Además, técnicas más avanzadas como el análisis de números de sistemas autónomos (AS) no distinguen túneles personales configurados en servidores cloud que funcionan con protocolos como WireGuard, ni se consigue identificar el tráfico VPN mediante inspección profunda de paquetes (DPI) sin acceso profundo a la infraestructura de red entre usuario y servidor, algo que solo gobiernos autoritarios con vigilancia a nivel de ISP pueden implementar.
Esto genera un escenario donde los usuarios menos técnicos, que emplean servicios VPN por razones legítimas como protección de privacidad, seguridad para periodistas, activistas políticos o víctimas de abuso, son los más afectados por esta ley.
Contexto internacional y tendencias en regulación de VPN
Utah no es el único territorio que intenta legislar el uso de VPN en aras del control de edad y cumplimiento legal. En Reino Unido, la Cámara de los Lores aprobó en enero una enmienda que prohíbe los servicios de VPN para menores de 18 años, pendiente aún de debate en la Cámara de los Comunes. El incremento del 1.400% en el uso de VPN detectado tras la implementación de verificaciones de edad en Reino Unido en julio del año pasado, pone de manifiesto la dificultad de estas restricciones.
En Francia, la ministra de Asuntos Digitales también ha señalado que el bloqueo de VPN es uno de sus próximos objetivos. Wisconsin ha considerado propuestas similares, pero las ha descartado tras recibir oposición pública.
Por ahora, los únicos avances efectivos en bloqueo de tráfico VPN han sido en regímenes autoritarios que cuentan con infraestructuras de vigilancia a nivel del proveedor de Internet.
La ley de Utah introduce un nuevo elemento de debate en cuanto a la capacidad real de los reguladores para controlar herramientas de anonimato digital manteniendo el equilibrio con los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, especialmente en entornos donde estas tecnologías son fundamentales.
