El debate en torno a la preservación de videojuegos vuelve a cobrar protagonismo tras la reacción de la industria ante la iniciativa Stop Killing Games. Este grupo, que ha pasado de ser una campaña marginal a contar con apoyo en el Parlamento Europeo y organizaciones internacionales, impulsa medidas para garantizar el acceso continuo a juegos adquiridos, incluso cuando sus servidores en línea se cierran.
La relevancia de esta campaña radica en su defensa de la legislación Protect Our Games Act, conocida formalmente como AB 1921, que actualmente se tramita en el Parlamento de California. Esta ley obligaría a los desarrolladores a notificar a los usuarios con antelación sobre el cierre de servidores y a ofrecer una versión del juego jugable sin conexión, una actualización que elimine la dependencia online o la devolución del importe.
La oposición de la industria y sus argumentos
La Entertainment Software Association (ESA), principal lobby de la industria estadounidense, ha manifestado una fuerte oposición a esta iniciativa. En comunicación con medios, señalan que muchas producciones dependen de tecnología en evolución y contenidos con licencias sujetas a cambios, además de sistemas online que se transforman con el tiempo.
Según la ESA, la imposición de reglas estrictas como las que plantea AB 1921 podría forzar a los desarrolladores a destinar recursos limitados a mantener infraestructuras antiguas, lo que afectaría negativamente la creación de juegos, funciones y tecnologías nuevas. En definitiva, advierten que esta ley podría reducir la innovación y la diversidad de experiencias en el ámbito del videojuego.
No obstante, esta perspectiva ha sido cuestionada por la propia campaña Stop Killing Games y ejemplos prácticos. Títulos como The Crew han demostrado que la comunidad puede revivir juegos pese a los intentos de sus editoras de descontinuarlos. Estudios menores también han desarrollado modos offline para preservar la jugabilidad tras el cierre de servidores, como Islands of Insight o el soporte entre usuarios en Splitgate.
Incluso Ubisoft implementó un modo offline en The Crew 2, recibiendo valoración positiva por parte de los usuarios. Estos casos sugieren que preservar el acceso no resulta técnicamente inviable ni excesivamente costoso para ciertas producciones, lo que pone en duda la idea de que la legislación limite necesariamente la innovación.
Limitaciones y matices en la propuesta legal
Desde Stop Killing Games se ha intentado aclarar que AB 1921 no exige mantener los servidores indefinidamente, sino que establece condiciones para que no se venda un juego cuyo uso ordinario pueda ser anulado sin aviso ni compensación. La ley propone opciones para las empresas: conservar el uso básico del juego, aplicar un parche que permita jugar sin conexión o reembolsar al consumidor.
Moritz Katzner, portavoz de la campaña, ha subrayado que la industria pretende que esta iniciativa parezca una demanda para soportar servidores eternos, con costes y complicaciones interminables. En realidad, señalan, solo se trata de proteger el derecho básico del usuario a disponer de lo comprado.
Antecedentes y contexto internacional
Esta no es la primera vez que la ESA se opone a iniciativas similares. En 2024, se involucró en la negativa a permitir que bibliotecas y museos ofrecieran acceso remoto a videojuegos bajo excepciones a la normativa de derechos de autor. Argumentaron que facilitar el acceso a gran escala para ocio en vez de investigación podría ser problemático, propuesta que finalmente fue respaldada por la Oficina del Copyright estadounidense.
Asimismo, a nivel europeo, Video Games Europe, equivalente a la ESA, emitió advertencias similares en 2025, alegando riesgos sobre la seguridad de contenido comunitario y un posible aumento de costes para desarrolladores, que limitarían sus opciones creativas.
Estos episodios muestran una posición consistente del sector principal de la industria en defensa de sus intereses, chocando con los esfuerzos de preservación impulsados por consumidores y organizaciones sin ánimo de lucro.
Esta controversia subraya tensiones profundas sobre cómo garantizar la conservación del patrimonio digital de los videojuegos sin sacrificar innovación y viabilidad económica. Las próximas decisiones legislativas marcarán el rumbo de esta discusión, con impacto en jugadores, desarrolladores y el futuro del medio.
