El Congreso de los Diputados ha dado un paso relevante en la regulación de internet en España. La Comisión de Economía ha aprobado una iniciativa para limitar los bloqueos indiscriminados de direcciones IP, una práctica habitual en la lucha contra la piratería. La medida llega tras meses de críticas por sus efectos colaterales sobre servicios legítimos.
Durante más de un año, el debate sobre los bloqueos de IP ha ido creciendo sin una respuesta clara por parte de las instituciones. Operadores como Telefónica y entidades como LaLiga han recurrido a este sistema para frenar retransmisiones ilegales, pero el método ha terminado afectando también a páginas y servicios completamente legales.
El fin de los bloqueos “a cañonazos”
La iniciativa, impulsada por ERC y respaldada por PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Compromís, plantea un cambio de enfoque. El objetivo es poner fin a lo que muchos han calificado como bloqueos “a cañonazos”, es decir, medidas poco precisas que terminan impactando a terceros sin relación con la infracción.
El texto aprobado no es una ley en sí misma, sino una Proposición no de Ley. Aun así, marca una dirección política clara y presiona al Gobierno para que reforme el marco normativo actual.
PP y Vox votaron en contra de la propuesta.
Un nuevo marco legal con supervisión
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la creación de un mecanismo de supervisión interministerial. Este organismo, en el que participarían al menos los ministerios de Justicia, Cultura y Transformación Digital, tendría como misión evaluar de forma continua el impacto real de los bloqueos.
La idea es evitar que decisiones judiciales o técnicas acaben afectando a servicios legítimos. Además, se busca fomentar alternativas más precisas desde el punto de vista tecnológico, que permitan actuar contra contenidos ilegales sin perjudicar al resto de la red.
Cambios en leyes clave y posibles indemnizaciones
La propuesta plantea introducir modificaciones tanto en la Ley de Servicios Digitales como en la Ley de Propiedad Intelectual. El eje de estos cambios sería el llamado principio de proporcionalidad tecnológica, que obligaría a que cualquier medida de bloqueo sea lo más específica posible.
Otro aspecto relevante es la responsabilidad subsidiaria de los titulares de derechos. En la práctica, esto abriría la puerta a que tengan que asumir compensaciones económicas si sus acciones provocan sobrebloqueos que dañen a terceros.
Este punto responde directamente a una de las principales críticas del sector tecnológico, que lleva tiempo denunciando pérdidas económicas y problemas de acceso derivados de estos bloqueos.
Reconocimiento de derechos digitales
El texto también insiste en reforzar la protección de derechos fundamentales en el entorno digital. Entre ellos, el derecho a la información, la libertad de expresión y la innovación.
La iniciativa pide que estos derechos se tengan en cuenta de forma explícita cuando se apliquen medidas tecnológicas como los bloqueos de IP. En paralelo, propone abrir un diálogo entre operadoras, titulares de derechos, plataformas y administración pública para definir un protocolo de buenas prácticas.
Un cambio de postura progresivo
La evolución política en torno a este tema ha sido gradual. En octubre de 2025, ERC ya había solicitado al Gobierno una intervención urgente ante los “efectos colaterales masivos”. En aquel momento, el Ejecutivo aseguró no tener constancia de sobrebloqueos.
Sin embargo, semanas después, y tras la presión de otros socios como Sumar, el Gobierno reconoció por primera vez que estos efectos sí se estaban produciendo. Desde entonces, se comprometió a seguir la situación y a dialogar con los actores implicados.
La aprobación de esta iniciativa supone el primer movimiento concreto en el Congreso para abordar el problema.
Qué puede cambiar a partir de ahora
Aunque la Proposición no de Ley no tiene carácter vinculante, sí establece una hoja de ruta. El Gobierno tendrá que trasladar estas recomendaciones a futuras reformas legislativas y adoptar una posición más activa ante el poder judicial.
Esto podría traducirse en un mayor control sobre cómo se ejecutan las órdenes de bloqueo y en la obligación de minimizar su impacto sobre los usuarios.
El debate sobre la piratería y la protección de contenidos seguirá abierto, pero el foco empieza a desplazarse hacia un equilibrio más claro entre los derechos de los titulares y los de los ciudadanos.
