La decisión de Sony de acabar con la producción de juegos físicos en 2028 ha desatado una demanda antimonopolio en México.
Demanda antimonopolio en México por el fin de juegos físicos de Sony
El gobierno mexicano, a través de la diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La queja reclama una investigación formal por presuntas prácticas anticompetitivas de Sony en la industria de videojuegos, específicamente vinculadas con su plan de dejar de producir discos físicos para PlayStation a partir de enero de 2028.
Reyes advierte que esta decisión podría suponer una práctica monopolística relativa, ya que limitaría la competencia y podría elevar los precios y eliminar canales de venta, afectando la infraestructura comercial de videojuegos en México. Explica que, al eliminar el formato físico, los usuarios se verían forzados a adquirir sus juegos exclusivamente en la tienda digital de Sony, perdiendo la posibilidad de elegir dónde y cómo comprar.
De esta forma, la compañía asumiría un doble rol como regulador y participante del mercado, lo que genera preocupación por el control absoluto que tendría sobre el ecosistema de ventas y distribución.
Impacto en la propiedad y mercado de videojuegos digitales
Por su parte, el senador Colosio alerta del daño que esta estrategia podría causar en el mercado paralelo y el comercio de segunda mano, que dependen del formato físico. Según él, con la desaparición de los discos, los consumidores dejarían de poseer realmente sus juegos. En cambio, sólo adquirirían licencias de uso, condiciones que dependen enteramente de Sony.
Este movimiento no es exclusivo de México. En febrero, la organización holandesa Stichting Massaschade & Consument presentó una demanda millonaria contra Sony por presuntas prácticas de precios elevados en la PlayStation Store. Ahora, la eliminación de juegos físicos aporta un nuevo argumento al caso, al reforzar la dependencia digital del consumidor.
Sin embargo, la Unión Europea ha manifestado que no puede intervenir para impedir la transición completa hacia lo digital. Michael McGrath, comisario europeo de protección al consumidor, aclaró a medios que las empresas tienen libertad comercial para decidir sus formatos, siempre que se respeten los derechos del consumidor conforme a la legislación vigente.
Lo que Sony no aclara todavía es cómo garantizará que esta transición respete esos derechos y permita alternativas reales a los usuarios.
En la práctica, esto significa que el futuro de la compra y propiedad de juegos PlayStation en México y otros mercados dependerá de las decisiones comerciales de Sony, con pocos controles regulatorios a la vista. Vale la pena esperar a verlo en condiciones reales antes de evaluar el impacto definitivo.
