Project Jupiter ha puesto en primer plano una discusión sencilla y difícil a la vez: ¿cuánta agua necesita un centro de datos moderno y qué significa eso en un desierto con recursos limitados? Oracle afirma que el impacto será mínimo, pero en Doña Ana County —una zona rural de Nuevo México— la decisión no ha sido bien recibida por parte de buena parte de la comunidad.
Project Jupiter y el uso de agua en Doña Ana
El complejo conocido como Project Jupiter ocupará aproximadamente 1.400 acres. Las cifras que Oracle ha hecho públicas para justificar su bajo impacto hídrico son concretas: un sistema de refrigeración en circuito cerrado que requeriría un llenado inicial de unos 11 millones de galones repartidos entre cuatro edificios y un riego máximo de 4.000 galones al año para “top‑ups”.
Sobre la generación eléctrica, Oracle comunicó que descartó un plan con turbinas de gas y generadores diésel y que optó por una planta de pilas de combustible de óxido sólido. Esa instalación necesitaría, según la compañía, un llenado inicial de 1 millón de galones y 168.000 galones al año para mantenimiento.
Oracle ha calificado esas cantidades como “negligibles”. En cifras absolutas explicadas por la empresa, lo que suena a muchos galones pierde fuerza frente al uso agrícola y municipal de la zona. Según datos citados por la propia cobertura local, la agricultura en el condado consumía alrededor de 410.000 acre‑feet, lo que equivale a ≈366 millones de galones al día. El resto del consumo diario del condado se sitúa en torno a 45 millones de galones diarios.
Por qué preocupa el agua y qué ofrece Oracle
La preocupación de los vecinos no es solo técnica: es histórica y económica. En los últimos años el nivel freático ha bajado y muchos agricultores han tenido que profundizar pozos. Además, el estado está afectado por una orden relacionada con la salud del río Río Grande que obliga a reducir extracciones y planificar la retirada de tierras de cultivo; una cifra que se ha citado es la reducción de 5.9 billones de galones al año durante diez años para evitar el drenaje del río.
En ese contexto, cualquier proyecto que demande agua, por pequeño que sea en comparación con la agricultura, se ve con recelo. Los residentes se refieren además a planes previos —ahora abandonados por Oracle— que incluían generación eléctrica con mayores necesidades hídricas, y temen cambios de última hora en los planes del proyecto.
En el plano político y administrativo, la tramitación de Project Jupiter también ha generado críticas. La representante estatal Micaela Lara Caden llegó a afirmar que la aprobación fue algo así como “un voto multimillonario del que apenas tuvimos información” y el proceso suscitó peticiones de retraso que no prosperaron. En la votación del condado, cuatro de los cinco comisionados aprobaron el proyecto mientras la audiencia mostraba su descontento.
Oracle ha intentado compensar las inquietudes con compromisos financieros: la compañía propuso 360 millones de dólares en inversión para escuelas e infraestructuras, 50 millones para mejorar una depuradora local que no estaba filtrando arsénico y 12 millones directos al presupuesto del condado. Para autoridades como el presidente de la comisión, Manny Sanchez, es una entrada de recursos sin precedentes para una zona con poco más de 220.000 habitantes y numerosas comunidades sin servicios básicos.
Lo que Oracle no aclara todavía es cómo se monitorizarán y auditarán esas cifras a medio y largo plazo. Un llenado inicial de 11 millones de galones suena relevante, pero en términos del consumo agrícola diario del condado es una fracción. En la práctica, esto significa que el debate se desplaza del volumen absoluto al control, la transparencia y la procedencia del agua: ¿proviene de derechos anexados a tierras agrícolas que iban sin usar? ¿Se garantiza que no habrá trasvases indirectos que afecten acuíferos cercanos?
Los sistemas de refrigeración en circuito cerrado reducen pérdidas por evaporación frente a sistemas abiertos; sin embargo, no son totalmente isentos de consumo por evaporación, fugas o mantenimiento. En el caso de las pilas de combustible, el agua puede usarse para fines auxiliares, pero la escala declarada por Oracle es baja si se compara con otras fuentes de demanda.
No es un detalle menor: un proyecto de estas dimensiones implica cambios en la ocupación del suelo, posibles nuevas infraestructuras y un flujo poblacional que, aunque temporal, incrementará la demanda local de servicios.
Del lado social, hay opiniones encontradas. Agricultores y empresarios locales reconocen la oportunidad económica del proyecto, pero critican la gestión comunicativa y el calendario de decisiones. Un dueño de una finca local llegó a describir la forma en que se presentó el proyecto como “un fiasco” pese a admitir que la inversión podría ser necesaria.
La forma en que se han obtenido los derechos de agua es otro punto sensible. Oracle afirma que compró derechos de riego a un agricultor de césped que no los estaba usando en su totalidad. En teoría, la reubicación de derechos es legal y habitual, pero en un contexto de reducción obligada de extracciones y envejecimiento de acuíferos esa ruta despierta oposición y pide garantías adicionales.
En términos comparativos, los centros de datos suelen comportarse como consumidores de agua modestos frente a la agricultura, campos de golf o ciertos usos industriales. Aun así, en zonas secas cualquier nuevo demandante se examina con lupa.
Habrá que ver si las promesas económicas y técnicas de Oracle terminan por convencer a una comunidad que pide datos públicos, auditorías independientes y un compromiso claro con el recurso hídrico. Lo que queda claro es que Project Jupiter no es solo un proyecto tecnológico: es un caso práctico de cómo se negocia el agua en territorios con escasez y contrastes socioeconómicos.
En Doña Ana, la discusión continúa en foros públicos y en despachos. Para muchos, la pregunta central es sencilla y exigente: no se trata solo de cuántos galones se usarán, sino de quién controla el agua, cómo se protege el acuífero y qué compensaciones reales recibirán las comunidades afectadas.
