Netgear contra TP‑Link se materializa en los juzgados: el fabricante estadounidense presentó el 11 de junio una contrademanda en Delaware en la que acusa a TP‑Link de publicidad engañosa y falseamiento del origen de sus productos.
La presentación responde a la demanda inicial que TP‑Link interpuso en noviembre contra Netgear y llega un día después de que el Departamento de Defensa de EE. UU. incluyera a TP‑Link Technologies en su lista de empresas vinculadas al ejército chino.
Netgear contra TP‑Link: qué alega la contrademanda
La contrademanda centra cuatro reclamaciones bajo la Ley Lanham y normas comerciales de California y Delaware. Netgear sostiene que TP‑Link ha vendido la idea de haber pasado a ser una empresa estadounidense independiente, mientras que en la práctica —según el escrito— la mayor parte de su I+D y fabricación sigue operando desde China.
Entre los datos que Netgear destaca están que TP‑Link mantuvo más de 13.000 empleados en China hasta 2024, con alrededor de 9.000 en centros de fabricación, frente a unas 350 personas empleadas en Estados Unidos. Además, la demanda afirma que el cambio de nombre de la entidad china a «Lianzhou» no implicó una reorganización sustantiva, sino una simple reetiqueta corporativa.
En otro punto sensible, Netgear cuestiona las etiquetas «Made in Vietnam» de TP‑Link para los productos destinados a EE. UU.: según su presentación, la planta vietnamita actúa como punto de ensamblaje final, mientras que el 99,5% de los componentes de esos productos son importados desde China.
La contrademanda incluye como apoyo la reciente designación del Departamento de Defensa, que describe a TP‑Link Technologies como «directamente afiliada al PLA» y colaboradora de la base industrial de defensa china. Netgear pide daños y una orden judicial que prohíba a TP‑Link repetir las afirmaciones que considera falsas.
Contexto: la disputa legal y el mercado
El pleito entre ambas empresas no es nuevo. En noviembre TP‑Link demandó a Netgear por, según su versión, una campaña de desprestigio y por comentarios públicos del CEO de Netgear que supuestamente relacionaban a TP‑Link con ciberataques atribuidos a grupos como Typhoon.
Ese mismo litigio incluía la alegación de que Netgear había vulnerado un acuerdo de 2024 en el que TP‑Link pagó 135 millones de dólares para resolver años de litigio por patentes. El tribunal ha desestimado ya ciertas partes de la demanda de TP‑Link que se basaban en declaraciones de terceros.
En lo comercial, las cifras presentadas por cada parte divergen notablemente. Netgear apunta a que TP‑Link controla alrededor del 65% del mercado minorista de routers en EE. UU.; TP‑Link, por su parte, reduce su cuota a menos del 10% en el segmento residencial de Norteamérica. No es un dato menor: la cuota real define la escala del daño reputacional y económico que una campaña legal puede causar.
La batalla jurídica se desarrolla además en paralelo a una creciente supervisión federal: Commerce, la FCC, la FTC y las fiscalías generales de Texas y Florida han mostrado interés en prácticas del sector y en los riesgos de seguridad ligados a infraestructura de red.
Lo que TP‑Link no aclara todavía es hasta qué punto su reubicación corporativa de 2024 —declarada ahora como una sede en California— cambió las cadenas de decisión y control sobre I+D y la producción. En la práctica, esto significa que la discusión no es solo de marketing sino de trazabilidad y responsabilidad en la cadena de suministro.
Desde el punto de vista reputacional, la contrademanda busca no solo resarcimiento económico sino frenar lo que Netgear describe como prácticas de posicionamiento engañosas que podrían inclinar la preferencia del comprador en un mercado sensible a la seguridad.
No faltan implicaciones regulatorias. La administración estadounidense ha endurecido normas sobre equipos de telecomunicaciones y redes. El caso se sitúa junto a medidas como el veto de la FCC a la importación de routers no fabricados en EE. UU. que entró en vigor este año, una política que ha tensado aún más el debate sobre origen y confianza del hardware.
TP‑Link, por su parte, rechaza la premisa de Netgear: mantiene que la compañía está encabezada desde EE. UU., que no está bajo control de gobiernos extranjeros y que sus productos destinados a Norteamérica son fabricados en Vietnam.
Habrá que ver cómo valora el tribunal los elementos probatorios: la estructura societaria, flujos de control corporativo, contratos de suministro y cadena de componentes y, en última instancia, si las afirmaciones comerciales de TP‑Link constituyen o no publicidad engañosa según la Ley Lanham y la normativa estatal aplicable.
En lo práctico, el sector, los distribuidores y los consumidores seguirán pendientes: la resolución puede influir en qué fabricantes son considerados fiables por operadores y compradores y en cómo las empresas tech comunican el origen y la seguridad de sus equipos.
