Precios Steam: la ONG holandesa Consumer Competition Claims Foundation (CCCF) ha lanzado una campaña para reclamar que Valve obliga indirectamente a mantener los precios altos en plataformas de PC y prepara una demanda colectiva contra la compañía.
La iniciativa, bautizada como «Game Claim», invita a jugadores en los Países Bajos a sumarse a una reclamación que busca compensaciones por lo que la CCCF considera una práctica que restringe la competencia y provoca sobreprecios.
Cómo, según la CCCF, Valve inflaría los precios Steam
El eje de la acusación es simple: la comisión estándar de Valve del 30% sobre ventas en Steam obligaría a editores y desarrolladores a ajustar los precios al alza para compensar ese coste. Después, esos precios elevados se aplicarían también en otras tiendas para no crear incoherencias comerciales.
En la práctica, esto significa que, aunque tiendas como Epic Games Store cobren una comisión menor —Epic suele retener alrededor del 12%—, los jugadores no verían esos descuentos porque los editores mantienen el precio inflado en todas las plataformas.
La CCCF recuerda además que la comisión de Valve no es completamente plana: baja al 25% tras los primeros 10 millones de dólares de ingresos y al 20% después de 50 millones, pero eso no elimina, según la ONG, el efecto de base que empuja los precios al alza.
La campaña de la CCCF también apunta a otros mecanismos que, en su opinión, limitan la competencia: la práctica de bloquear la activación de claves compradas en regiones de precio reducido y la obligación de usar el sistema de pagos de Steam para microtransacciones dentro del juego, que aplican la misma comisión.
Pruebas, precedentes y consecuencias legales
Valve y su presidente, Gabe Newell, han negado de forma reiterada que exista una política formal para dictar precios en otras plataformas. No obstante, la CCCF afirma que hay pruebas de presión contractual y prácticas operativas que consiguen el mismo efecto.
En 2023, durante otro proceso antimonopolio, se presentó ante un tribunal evidencia que, según la CCCF, muestra a empleados de Valve haciendo cumplir condiciones relacionadas con precios. Valve mantiene que no dicta precios a terceros, un punto que probablemente será clave en cualquier litigio.
No es la primera vez que Valve se enfrenta a sanciones por prácticas regionales: la Comisión Europea multó a la compañía por restricciones de activación y geo-bloqueo en el pasado, un antecedente que refuerza la legitimidad de parte del marco de reclamación de la CCCF.
La ONG ha contratado a los consultores económicos de Copenhagen Economics para estimar el daño. Su cálculo preliminar, citado por la CCCF, cifra en más de 220 millones de euros el sobreprecio que habrían pagado los jugadores neerlandeses; con intereses, esa cifra se traduce en más de 130 euros por jugador para los firmantes de la reclamación.
La CCCF ha invitado a Valve a negociar fuera de los tribunales, aunque en su comunicado deja claro que la vía judicial es la opción prevista si no hay un acuerdo satisfactorio.
Además de esta reclamación colectiva, Valve afronta otras acciones legales relevantes: el caso antimonopolio iniciado por Wolfire Games, demandas de consumidores relacionadas con las loot boxes y una demanda del Estado de Nueva York que acusa a Valve de permitir prácticas de juego de azar con microtransacciones.
No es un detalle menor: si los tribunales dan la razón a la CCCF, los desarrolladores y distribuidores pueden verse obligados a cambiar sus contratos con Valve y ajustar estructuras de precio y pagos, lo que afectaría la economía de ventas en PC.
Cualquiera que sea el desenlace, la demanda de la CCCF coloca de nuevo sobre la mesa preguntas sobre cómo las comisiones y las cláusulas contractuales modelan el mercado digital de juegos. Para los jugadores, la cuestión es directa: si existe una práctica que infló precios, la reparación económica puede llegar años después, pero la reclamación también persigue cambios estructurales que podrían beneficiar a la competencia a medio plazo.
