La Comisión Europea ha decidido estrenar la Digital Services Act con un golpe firme y bastante simbólico: 120 millones de euros de multa a X por convertir la verificación azul en un producto de pago que puede inducir a error sobre quién es quién dentro de la plataforma. Para Bruselas, el sistema de “verificación” de X dejó de ser verificación en el momento en que cualquier usuario pudo comprar el icono sin pasar por un proceso de identificación real. Y eso, en una red donde la desinformación se mueve más rápido que los memes, no es un detalle menor.
La investigación de la CE concluye que X vulnera la DSA en tres frentes. El primero es el más evidente: el diseño de la insignia azul se considera engañoso porque mantiene la apariencia de verificación oficial, aunque ya no cumpla esa función. Ese pequeño gesto visual tiene consecuencias serias, especialmente cuando una marca que históricamente acreditaba identidad pasa a convertirse en un simple complemento premium. Para la UE, ese cambio abre la puerta a suplantaciones, confusión y a un escenario perfecto para amplificar contenidos peligrosos o manipulados.
El segundo frente afecta a la publicidad. Las plataformas catalogadas como “de muy gran tamaño” están obligadas a ofrecer un repositorio de anuncios accesible y transparente. X, según la CE, no cumple con ese criterio. Los datos sobre quién paga un anuncio, cómo se segmenta o qué público se alcanza no son claros ni fáciles de consultar, lo que dificulta enormemente detectar campañas opacas o intentos de manipulación. Y si algo obsesiona a Bruselas desde hace años es evitar que las redes sociales se conviertan en máquinas de propaganda sin control.
El tercer punto tiene que ver con el acceso a datos para investigadores y organismos independientes. La DSA exige que estas plataformas permitan consultar métricas básicas y datos públicos necesarios para evaluar riesgos. La CE sostiene que X ha levantado estos últimos meses más barreras que facilidades, lo que limita cualquier intento de análisis externo sobre desinformación, discurso de odio o actividad coordinada. Para Bruselas, cerrar el grifo de información es incompatible con una gestión responsable a escala global.
Sumando los tres incumplimientos, la multa llega a los 120 millones. Es la primera sanción formal bajo la DSA, y su importancia va más allá del número. Europa está demostrando que está dispuesta a hacer cumplir la normativa, incluso si eso implica enfrentarse a compañías gigantes. X tendrá que rediseñar su sistema de verificación, mejorar su transparencia publicitaria y facilitar el acceso a datos si quiere evitar sanciones mucho mayores, ya que la DSA permite multas de hasta el 6 % de los ingresos globales. Traducido: esto podría ser solo el calentamiento.
Una señal para X… y un mensaje para todas las plataformas
Fuera de Europa, la decisión también ha levantado ruido. Algunas voces políticas estadounidenses la han calificado de ataque a empresas de su país, mientras que Musk no ha ocultado su descontento. Pero en Bruselas la postura es clara: no se trata de censura ni de interferir en la libertad de la plataforma, sino de garantizar que los usuarios no sean confundidos y que las redes no se conviertan en un terreno sin reglas. La verificación no puede depender de una suscripción, igual que un documento oficial no puede comprarse en un kiosco. La UE quiere que las grandes plataformas asuman su responsabilidad y adapten sus herramientas a estándares de seguridad y transparencia que no dependan del capricho del mercado.
Todo esto coloca a X ante un momento decisivo. La empresa deberá replantearse su modelo de verificación, abrir más su ecosistema de datos y garantizar que su publicidad sea comprensible y rastreable. El impacto no es solo económico. La UE acaba de marcar el tono para los próximos años, y deja claro que si una función de pago puede confundirse con una garantía institucional, la regulación va a intervenir. Ahora le toca a X decidir si ajusta su rumbo o si esta multa será solo el primer capítulo de un conflicto mucho más largo.
