El Gobierno de España ha anunciado un paquete de medidas de gran alcance para regular el uso de las redes sociales, con un foco claro en la protección de los menores y en el refuerzo de la responsabilidad legal de las plataformas digitales. El anuncio se ha producido este 3 de febrero de 2026, durante la intervención del presidente Pedro Sánchez en la World Government Summit, celebrada en Dubái.
La iniciativa, que el Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros la próxima semana, plantea cambios relevantes tanto para los usuarios como para las grandes compañías tecnológicas que operan en España.
Prohibición de redes sociales a menores de 16 años
La medida más llamativa es la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Según ha explicado el presidente, el objetivo es limitar la exposición de niños y adolescentes a entornos digitales que, a juicio del Gobierno, favorecen la adicción, el acoso, la violencia, la desinformación o la difusión de contenidos sexuales.
Para hacer efectiva esta restricción, el Ejecutivo quiere obligar a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad “fiables y reales”, superando el modelo actual basado en simples declaraciones del usuario. La norma no se limitaría a recomendaciones, sino que impondría obligaciones técnicas concretas a las compañías.
Endurecimiento de sanciones y responsabilidad penal
El plan gubernamental va más allá del control de acceso. Sánchez ha anunciado un endurecimiento de las consecuencias legales para las plataformas que no retiren contenidos de odio o ilegales, incluyendo la posibilidad de responsabilidad penal para sus directivos.
Entre las medidas avanzadas figura también la intención de tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal, un movimiento que situaría por primera vez el funcionamiento interno de los sistemas de recomendación bajo el foco del derecho penal.
El Ejecutivo defiende que la desinformación y el discurso de odio no son fenómenos neutrales ni accidentales, sino el resultado de decisiones técnicas y empresariales que deben tener consecuencias jurídicas.
Rastreo del odio y trazabilidad digital
Otra de las novedades anunciadas es la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad del odio en el entorno digital. Según el presidente, esta herramienta permitiría medir la propagación de mensajes de odio y polarización, generando una “huella digital” que serviría como base para futuras sanciones y actuaciones legales.
La propuesta apunta a un cambio de enfoque: no solo reaccionar ante contenidos concretos, sino analizar patrones y dinámicas de difusión dentro de las propias plataformas.
Plataformas bajo investigación
Durante su intervención, Sánchez mencionó de forma expresa a varias compañías. Señaló posibles investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, sobre eventuales infracciones cometidas por servicios como TikTok, Instagram o sistemas de inteligencia artificial vinculados a la red social X.
El presidente también hizo referencia al reciente cruce de declaraciones con Elon Musk, a quien acusó de amplificar desinformación desde su plataforma y de tolerar contenidos problemáticos generados por sistemas de IA. En el mismo contexto, criticó prácticas atribuidas a Facebook e Instagram relacionadas con la explotación de datos y la influencia en procesos electorales.
Una coalición europea para regular las redes
Consciente del peso económico y político de las grandes tecnológicas, el Gobierno español plantea una respuesta coordinada. España se ha unido a otros cinco países europeos en una coalición de Estados “digitalmente dispuestos” a impulsar una regulación más estricta, rápida y efectiva sobre las plataformas.
La primera reunión de este grupo está prevista para los próximos días y su objetivo es avanzar hacia actuaciones comunes a escala europea, evitando que la regulación quede limitada al ámbito nacional.
El anuncio marca un endurecimiento claro del discurso y la estrategia del Gobierno frente a las redes sociales, con implicaciones potenciales para usuarios, empresas tecnológicas y el marco legal digital en Europa. A falta de conocer el texto definitivo de las normas, el debate sobre su aplicación práctica y su encaje jurídico promete ser intenso.
